Albert Sabater Pla

Inicio    Biograf’a    Novelas    Art’culos    Comprar   Contacto

Albert Sabater Pla

S’gueme en la
s redes sociales
  


   









Histerismo espa–ol ante la querella del Parlament.







El juez Pablo Llarena, magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, deneg— al diputado electo democr‡ticamente Jordi S‡nchez el derecho pol’tico de asistir al debate de investidura previsto para el pasado viernes 13 de abril bajo la argumentaci—n que persiste la reiteraci—n delictiva.

Esta decisi—n ha tenido como respuesta la convocatoria de la Mesa del Parlament para decidir la interposici—n de una querella contra el juez Llarena, ampliable a los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Esta medida ha sido apoyada por Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y Catalunya en Comœ. En la contra, como es habitual, los socios del 155: Ciutadans (C«s), Partit Popular de Catalunya (PPC) y Partit Socialista de Catalunya (PSC), que no han tardado en mostrar su desacuerdo, amenazas y desprop—sitos.

La reacci—n del Gobierno central ha sido la esperada: El histerismo cl‡sico del prepotente que se siente acorralado, impotente ante aquel que considera bajo su dominio, bajo su potestad y sin duda por que todo el tinglado construido para sustentar las acusaciones de rebeli—n y sedici—n pueden empezar a desmontarse.

La querella en cuesti—n ser‡ presentada en el Tribunal Supremo (TS), a los compa–eros del juez Llarena. ÀAlguien espera que prospere o incluso que sea admitida a tr‡mite? Yo no lo creo.
De all’ se podr‡ presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), pero tampoco auguro un recorrido largo.

Pero lo que sin duda est‡ causando este histerismo desmedido es la posibilidad, mas que segura, de que tras agotar las dos anteriores posibilidades, pues es requisito indispensable, todo acabe en el Tribunal de Derechos Humanos (TDH), donde una condena del mismo contra Espa–a, ser’a un golpe de gracia a la deriva autoritaria, desproporcionada y chulesca que est‡ llevando a cabo el ejecutivo de Mariano Rajoy para resolver el proceso de independencia de Catalu–a.

Las sentencias del TDH son de obligado cumplimiento, por tanto, Espa–a se ver’a obligada a juzgar, incluso contra su voluntad, a aquellos que hayan promovido, ayudado o impulsado toda acci—n para impedir la asistencia e investidura del diputado electo Jordi S‡nchez.

El desprestigio internacional ser’a patente a todas luces, ya no habr’a dudas de la involuci—n de derechos humanos y la dudosa justicia de unos tribunales que son parte interesada. Espa–a quedar’a en evidencia proporcionando, quiz‡s, una v’a libre para las aspiraciones independentistas de gran parte de los catalanes.